Políticos de Miami protestan propuesta de Trump de negar la green card a estos inmigrantes legales - The Miami Herald

POR BRENDA MEDINA

bmedina@elnuevoherald.com

24 de septiembre de 2018 06:40 PM

Actualizado 25 de septiembre de 2018 06:07 PM

Una propuesta del gobierno de Donald Trump que busca negar la residencia permanente a inmigrantes legales que reciban ciertos beneficios públicos ha generado preocupación entre políticos, activistas y abogados de Miami-Dade, que el lunes denunciaron el potencial cambio como “un ataque a nuestra comunidad”.

Tras meses de especulaciones y de que se publicaran varios borradores filtrados a los medios, el gobierno finalmente anunció el sábado su propuesta de cambio a la llamada regla de “carga pública”, que determina si un inmigrante que esté buscando obtener la residencia permanente (green card) ha utilizado ciertos beneficios públicos y por lo tanto es una carga económica para la sociedad. La regla de carga pública también aplica a personas que estén solicitando ingresar a Estados Unidos como residentes permanentes y que pudieran depender de los beneficios.

“No se equivoquen, este es un ataque a nuestra comunidad inmigrante, a las personas trabajadoras que están tratando de hacer lo correcto con lo poco que tienen”, dijo María Rodríguez, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), durante una conferencia de prensa en el centro de gobierno condal, en el downtown de Miami. “Por eso es muy importante aclarar a quién afectaría y a quién no afectaría este cambio, porque desde ya está asustando a muchos inmigrantes”.

Tradicionalmente las leyes de inmigración han incluido clausulas para limitar la entrada a Estados Unidos o la obtención de green cards a personas que podrían depender o ya dependen de asistencia pública como Suplemental Security Income (SSI) o Temporary Assistance for Needy Families (TANF) y personas que hayan sido hospitalizadas por un largo tiempo a expensas del gobierno. Sin embargo, el cambio propuesto por el gobierno de Trump redefiniría lo que se considera como una “carga pública” para negar la residencia permanente a inmigrantes si ellos o miembros de su hogar reciben subsidios de Medicaid, cupones de alimentos o asistencia de vivienda como Sección 8.

El gobierno publicó la propuesta de 447 páginas el sábado y aun no se ha presentado una versión final. Una vez sea presentada oficialmente, habrá un periodo de 60 días para un debate público.

Pero activistas y abogados que trabajan con inmigrantes que dependen de los beneficios o cuyos hijos menores reciben ciertas ayudas, sostuvieron que la proposición ya está asustando a esas familias, independientemente de si son afectadas o no.

“Lo que más nos preocupa es el tremendo efecto desalentador que este tema está teniendo en la comunidad”, dijo la comisionada condal Daniella Levine Cava. “Y vamos a luchar fuertemente contra esta propuesta”.

Representantes del Florida Health Justice Project dijeron que saben de familias que desde ya han dejado de optar por el seguro de salud para sus hijos o de ayuda alimentaria por temor a que eso afecte su estatus migratorio en el futuro. Los expertos dijeron que aun están revisando la propuesta para determinar cuantas personas resultarían afectadas y aclarar dudas.

Por ejemplo, a diferencia de lo que establecían borradores de la propuesta filtrados a los medios a principios de año, el documento publicado el sábado por el gobierno indica que la regla no afectaría a inmigrantes legales que reciben seguro medico mediante la ley de cuidado de salud a precios asequibles (Obamacare). Tampoco penalizaría a los niños menores que reciben el seguro de salud CHIP.

Adonia Simpson, abogada de la agencia de ayuda legal Americans for Immigrant Justice, recalcó que es importante que la comunidad entienda que las personas que ya tienen residencia permanente y planean solicitar la ciudadanía, no serían afectadas por un cambio a la regla de “carga pública”.

“Hay dos cosas que deben quedar claras: esto no afecta un proceso de naturalización y tampoco sería retroactivo”, dijo Simpson. “Es muy serio lo que está pasando, pero no es tan devastador como habíamos anticipado y es importante que la gente reciba la información correcta para que no dejen de solicitar los beneficios a los que tienen derecho”.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado del sábado que anualmente se realizaría una revisión extensa del uso de los beneficios públicos de 382,000 inmigrantes, a quienes podría denegársele la residencia permanente.

Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un comunicadoque bajo las leyes de inmigración, “aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”.

Nielsen añadió que la propuesta de cambio promovería la “auto suficiencia de los inmigrantes” y “protegería los recursos limitados al asegurar que no se conviertan en una carga para los contribuyentes estadounidenses”.

Pero el senador estatal José Javier Rodríguez dijo que es importante reconocer que muchas de las personas que reciben beneficios públicos, son “familias de clase trabajadora que pagan impuestos y cooperan” con los fondos de donde provienen esos beneficios.

“Tal parece que la intención de esta propuesta para cambiar las reglas es desalentar a las familias más necesitadas para que no vengan al país o para que no obtengan la asistencia a la que tienen derecho”, dijo Rodríguez.

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