Para los abogados que representan a los niños inmigrantes, la tarea apenas comienza - El Nuevo Herald

25 de julio de 2018

La escena ejemplifica los nuevos retos que enfrentan Bouliakis y sus colegas de Americans for Immigrant Justice (AIJ) tras la separación de miles de familias en la frontera bajo la política de cero tolerancia del presidente Donald Trump.

Además de ayudar a miles de inmigrantes en la Florida, AIJ es la única agencia de asistencia legal autorizada para representar a los menores enviados por el gobierno federal a albergues del sur de Florida. La mayoría son adolescentes, pero otros son tan pequeños que necesitan ayuda con las necesidades más básicas mientras recorren — sin sus padres — un complejo sistema de inmigración que incluso a muchos adultos les cuesta trabajo comprender.

El jueves vence el plazo impuesto por untribunal de California, para que el gobierno reúna con sus padres a los más de2,500 niños separados en la frontera. Según documentos entregados por el gobiernoal tribunal esta semana, 463 padres ya fueron deportados.

El martes, dos días antes de la fecha límite, las autoridades dijeron que había reunido a 1,200 familias y que estabainvestigando a más de 900 adultos para determinar si son elegibles para la reunificacióncon los niños, según los documentos de la corte.

El trabajo apenas comienza

Aunque las autoridades logren reunificar a las familias, para los abogados de AIJ el trabajo apenas comienza. La nueva avalancha de casos se une a los cientos ya pendientes de menores que cruzan solos la frontera, y que AIJ ha representado por décadas.

“Tenemos que armar sus casos de asilo, representarlos en las diferentes cortes, buscar evidencia, hacer entrevistas”, dijo Jennifer Anzardo Valdés, directora del programa de representación legal para niños. “Es una tarea que conlleva mucho tiempo, a veces años y no se limita a los niños separados de sus padres”.

Aun así, los niños pequeños solos son el mayor desafío. Los abogados de AIJ empezaron a notar esos casos incluso meses antes de que el Secretario de Justicia Jeff Sessions anunciara la política de cero tolerancia en abril.

Desde enero, la abogada Noemí Samuel del Rosario representa a una niña guatemalteca de tres años, a la que identificó como Ana, que fue separada de su padre cuando cruzaron a la frontera en julio del año pasado.

La madre de Ana murió en Guatemala poco después de que la niña y el padre llegaran a Estados Unidos. En diciembre, el padre fue deportado. El gobierno entregó a Ana a unos familiares en Florida.

Pero la niña no puede contar su historia. Ni siquiera sabe su nombre completo. Samuel describe la entrevista inicial, en la que los abogados obtienen la información básica de sus clientes, como “difícil”.

“¿Cómo te llamas?” (Nada).

“¿Sabes el nombre de tus padres?” (Nada).

“¿Cuántos años tienes?” (Ana levanta tres deditos).

En sus notas sobre la entrevista, Samuel apuntó: “No se puede comunicar. No sabe dónde están los padres. Solo conoce su edad”.

Durante la primera comparecencia ante el juez, Samuel tuvo que cargar a Ana para sentarla en el banquillo.

“¿Qué abogado, en cualquier otro contexto, tiene que preocuparse de algo como eso?”, dijo Samuel en una entrevista con el Nuevo Herald. “Creo que el juez estaba tan desconcertado como yo”.

Para el equipo que representa a los menores, la tarea es cada vez más agotadora, dentro y fuera de la oficina.

Son 18 personas, entre abogados, asistentes legales y representantes de AIJ en los albergues. Los abogados tienen entre 40 y 60 casos cada uno, dijo Anzardo, la directora del programa. Además de Miami-Dade, representan a menores en los condados Broward, Palm Beach, Collier, Lee, Monroe, Hendry y, a veces, en Martin.

El tema de inmigración, que se ha convertido en noticia diaria, los sigue a casa, en los medios sociales y en las conversaciones con familiares y amigos.

“Es como un ruido constante en tu oído... hihihiiiiii”, dijo la abogada de AIJ Victoria Illa, mientras se cubría las orejas con sus manos, como si fueran unos audífonos. “Estas manejando a la oficina, estacionas y de repente empiezas a pensar ‘¿Quién tiene el próximo caso en corte? ¿Me gritará el juez si no llevo a mi cliente al tribunal? ¿Tiene tan siquiera sentido llevar a alguien tan pequeño al tribunal?’”.

Una gran responsabilidad financiera

Como una organización sin fines de lucro que depende de donaciones y subvenciones, para AIJ la carga financiera es cada vez más pesada.

Tras las historias de las separaciones en la frontera, miles de personas conmovidas por las familias han realizado donaciones para servicios legales. Pero, aparentemente, las más beneficiadas han sido las organizaciones que trabajan en estados cerca de la frontera con México. RAICES, en Texas, por ejemplo, recaudó más de $20 millones en julio a través de Facebook.

Cheryl Little, directora ejecutiva de AIJ, dijo que existe la percepción errónea de que el problema de la separación familiar solo afecta a la frontera sur, aunque miles de niños terminan en comunidades en todo el país. De hecho, según cifras del gobierno federal, entre octubre del 2017 y mayo del 2018, Florida fue el segundo estado, después de California, donde más niños migrantes fueron entregados a sus padres o guardianes. En el estado terminaron 2,868 menores, la mayoría de ellos en condados al sur.

“Tenemos una necesidad urgente de financiamiento adicional para representar a todos los niños que podamos”, dijo Little. “Nuestro trabajo es más difícil que nunca, por la manera en que se han deteriorado los derechos de los inmigrantes. Pero nuestro trabajo con los niños es un reto aún mayor porque son muy vulnerables”.

Sin organizaciones como AIJ o Servicios Legales de Caridades Católicas (que representa solo a niños que están fuera de los albergues), la mayoría de los menores tendría que exponer sus casos solos ante los jueces de inmigración. Y cientos de niños ya lo hacen, según estimados de la American Civil Liberties Union (ACLU). A diferencia de otros tribunales, en las cortes de inmigración no se asignan abogados gratuitos a la gente que no puede pagar por representación legal.

Recientemente, tres jueces federales decidieron que la Constitución de Estados Unidos no garantiza el derecho a defensa legal gratuita para los niños inmigrantes que están pidiendo asilo.

Aun con un representante legal disponible, según los abogados ahora es más difícil ganar los casos de asilo, por más convincentes que sean, debido a cambios recientes en el proceso.

Hace poco Bouliakis representó a un chico de 13 años que cruzó sólo la frontera, en una audiencia de petición de asilo.

“Invertí muchísimas horas para prepararnos”, contó Bouliakis. Pero el juez negó la petición.

“El chico me repetía, por favor no llames a mi mamá, no quiero llamarla, no quiero romperle el corazón”, dijo. “Me dieron ganas de llorar. No había nada que yo pudiera hacer para resolver lo que estaba pasando”.

Léelo en El Nuevo Herald.

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